COMUNICADO DE PRENSA
Desde la Un.T.E.R Seccionales
de Almafuerte, San Antonio Oeste, Viedma, Conesa, Catriel, Jacobacci, Valle
Medio, Valcheta, Cinco Saltos, Gral. Roca y Villa Regina dejamos expreso que no
acordamos con lo dispuesto por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas quien efectuó juicio de responsabilidad a varios docentes/
directivos de diferentes lugares de la provincia y les ordenó ingresar dinero
en efectivo al Estado provincial, por
considerar que no se implementaron las medidas de seguridad en pos de asegurar
los bienes estatales en establecimientos escolares a su cargo.
Basándonos en el
Art. 514º del Código Civil consideramos
que no se puede responsabilizar de hechos que escapan al control de los
directivos, quien más allá de aplicar las debidas previsiones, no pueden
detener a un delincuente cuando decide robar o hurtar un bien, máxime cuando
los directivos se encuentran a cargo de establecimientos abiertos donde resulta
imposible controlar a tantas personas que se encuentran en el mismo. Asimismo
los elementos de seguridad otorgados por el estado siempre resultarán
insuficientes. Creemos que endilgar responsabilidad a un directivo sólo por su
cargo, sobre robos y hurtos, es no entender la verdadera situación, el día a
día de los establecimientos, donde sólo resultaría viable para proteger los
bienes del estado, como única medida que los asegure, el disponer un policía en
la puerta del establecimiento las 24 hs, acción imposible.
Es el estado el
responsable de garantizar el resguardo de los bienes y toda medida de seguridad
para el cuidado de los mismos, que lamentablemente no están dadas en la mayoría
de las escuelas (rejas, alarmas, serenos, candados y cerraduras en condiciones,
etc.).
Asimismo nos parece infundada
la determinación de Fiscalía de Estado de establecer sanciones administrativas,
aduciendo lisa y llanamente que el directivo “no implementó razonables medidas
de seguridad en pos de asegurar los bienes estatales que le fueran asignados,
de los cuales se apoderaron ilegítimamente autores ignorados”. Todo acto
administrativo y aún más las sanciones deben ser debidamente fundamentadas,
aplicar esta frase a todos los casos de robo o hurto, sin más, no resulta
suficiente.
Adviértase que si
consideramos la culpa como la omisión de las diligencias que debieron adoptarse
para prever o evitar el daño, no habrá culpa, y sí caso fortuito, cuando no
obstante aplicar esa conducta el hecho resulta inevitable.
Socialmente también
esperamos sanciones sobre tantos casos de corrupción que vienen sucediendo en
la provincia, que muchos curiosamente se archivaron o nunca
se resolvieron perjudicando las arcas provinciales.
Por ello es que se
exige que se revean las medidas tomadas por La Fiscalía de
Investigaciones Administrativas de hacer cargo a directivos de establecimientos
educativos de robos y hurtos que puedan existir en dichos ámbitos.
